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Publicado originalmente en: “Mercado en Vivo”, Newsletter de Linkedin
Por: Fernando Balbuena
Presidente y Co-fundador de Mercado Cambiario S.A
Este artículo no pretende descubrir nada nuevo. Está dirigido a quienes ya conocen esta historia porque la viven todos los días: empresarios, emprendedores, ejecutivos; de micro, pequeña, mediana, o gran empresa y que intentan sacar adelante una empresa; finalmente, los que generan riqueza y trabajo en el Perú. No estamos hablando de teoría. Hablamos de lo cotidiano: de lo que significa cumplir con las reglas, sostener una operación y seguir creciendo, sin que la regulación te desborde. Hoy, una empresa puede estar bajo la supervisión simultánea de más de una decena de entidades. Y no es solo por volumen de normas, sino por cómo estas se han acumulado y siguen aumentando sin coordinación, sin priorización, y sin distinguir la capacidad operativa de cada empresa.
Estas son las Instituciones del Estado que regulan o fiscalizan a una empresa en el Perú (ya me perdonarán si me olvido de alguna):
- Autoridad Nacional del Agua (ANA)
- Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
- Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
- Ministerio de la Producción (PRODUCE)
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)
- Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
- Ministerio del Ambiente (MINAM)
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA)
- Municipalidades distritales y provinciales
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
- Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)
- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)
- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)
- Seguro Social de Salud (EsSalud)
- Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
- Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
Cada una con su propio lenguaje, sus plataformas, sus criterios, y muchas veces pidiendo lo mismo desde lugares distintos. Es en ese cruce de exigencias donde se pierde productividad, tiempo, energía y recursos. Y lo más común no es que alguien cumpla con todo. Lo más común es cumplir lo que se puede, como se puede, cuando se puede, mientras se apagan incendios y se atienden requerimientos. Se contrata un contador, luego un abogado laboralista, un consultor de seguridad, un gestor de licencias, otro de permisos sanitarios, y también un abogado tributario… y así. Más costos e ineficiencias cuando hay que vender, mejorar tus productos o servicios, pagar planilla, cuidar la caja, ser rentable, lo relevante. Y siempre con la «Espada de Damocles» de la multa o la sanción.
¿Es necesario este laberinto regulatorio? ¿Cuáles son los objetivos y los miden? ¿Los han logrado? Es evidente que no, cuando la mayor parte de la fuerza laboral y de las empresas en el Perú viven en la informalidad.
¿Qué se puede hacer?
Sería lindo poder resolver este laberinto de un plumazo o como he leído por ahí, aplicar una “guillotina regulatoria” (aplicada con éxito en algunos países). Sin embargo, no es mi intención hacer uso del “hay que” para plantear una propuesta más, como debe de haber muchas y sin resultados.
Es evidente que desarmar este laberinto es la solución, pero lo que no debe pasar es que lo veamos como algo normal, como una cruz que hay que seguir cargando y que va aumentando año a año porque nos toca hacerlo; eso no es lo correcto. Por eso, para empezar, tenemos que tomar conciencia de esto y transmitirlo a todos, en especial a las autoridades de todo tipo en el país. Y por favor, que nadie te convenza de lo contrario, en especial de los que no lo viven.
Por un país que deje trabajar
La clave no está solo en fiscalizar mejor, sino en crear un entorno donde cumplir sea posible y razonable. Porque cuando se deja trabajar, las empresas hacen lo que saben hacer: producir, competir, contratar, invertir, generar oportunidades, generar riqueza. Con más libertad para trabajar, vendrá más empleo, más inversión, más ingresos para todos, y sí, también más formalidad. Porque cuando el entorno deja de castigar, muchos se unirán.
Hay mucho por hacer, pero aún hay más por liberar
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